¿Buenas intenciones… buenos resultados?

Kevin Cowan

En años recientes se han implementado algunos cambios legales en el sector financiero que perseguían objetivos razonables, pero que han terminado generando efectos negativos que a la larga perjudican a quienes inicialmente se buscaba ayudar.

Un ejemplo fue la Ley de Fraudes. Dicha ley buscaba asegurar que la industria financiera tomara los resguardos necesarios para proteger la integridad en los pagos por medios digitales y en el uso de cajeros automáticos. La ley buscaba, además, un reintegro oportuno de fondos (o reversión de cargos) en aquellos casos donde el origen del fraude estaba en la actividad de un tercero que violaba la integridad de los sistemas o capturaba maliciosamente las credenciales de los usuarios. Ambos son objetivos muy razonables,y además prioritarios, dada la creciente digitalización de los pagos en Chile. Sin embargo, la ley no quedó bien diseñada, llevando a un alza significativa de autofraudes y aumentos importantes en los costos para emisores de medios de pagos, poniendo en riesgo la oferta de estos productos para las mismas personas que justamente se buscaba resguardar. Afortunadamente, una ley reciente corrige parte de los errores de diseño y los datos de fraude publicados por la CMF muestran que se están reduciendo las pérdidas por fraude externo.

“El objetivo del proyecto que busca obligar a las instituciones bancarias a pagar intereses en sus cuentas corrientes es razonable. El problema son las consecuencias no deseadas de esta obligación”.

Un segundo ejemplo se discute hoy en el Congreso con el proyecto de ley de que busca obligar a las instituciones bancarias a pagar intereses en sus cuentas corrientes. Cabe recordar que el marco normativo actual permite que los bancos paguen intereses en estos productos, pero no lo obliga. El objetivo del proyecto es a todas luces razonable –buscar que los hogares y empresas obtengan mayores intereses sobre sus ahorros. El problema son justamente las consecuencias no deseadas de esta obligación. En primer lugar, se interviene en la fijación de precios, herramienta que debiese utilizarse solo en casos extremos de monopolio u otra falla severa de mercado. Por otra parte, forzadas a pagar intereses, se corre el riesgo de que se reduzca la oferta de cuentas vista, en especial a quienes mantengan saldos bajos. Esto llevaría a una desbancarizarización, en momentos que por seguridad y eficiencia lo que se debe estar buscando es aumentar la tenencia de cuentas de pago y otros medios digitales.

Es mejor avanzar en otras medidas para potenciar el ahorro. Se debe aumentar y simplificar la información sobre los cobros de las cuentas corrientes y vista, así como sobre los intereses de las cuentas de ahorro, como lo han planteado la CMF y el Banco Central. De igual manera, potenciar el acceso a otras modalidades de ahorro como los fondos mutuos, o a los actores nuevos que surjan en el marco de la Ley Fintech son caminos que potencian la competencia, la movilidad del ahorro, y debiesen aumentar el bienestar de las familias.

Chile ha avanzado sustancialmente en la digitalización de los pagos. Es importante que una iniciativa con buenas intenciones pero consecuencias complejas, no frene este avance.